Según explicó el fiscal superior de la Región, José Martínez, “el convenio trata de buscar más que la contundencia penal, la rapidez judicial”. Con ello se persigue crear un clima de seguridad en la sanidad castellano-manchega y generar en la sociedad un efecto educativo; es decir, que “el ciudadano entienda que su insatisfacción por un servicio no puede traducirse en ira y violencia”. El fiscal aseguró que están abiertos a ampliar este convenio a otros profesionales sanitarios, como enfermeros o celadores. Además, la Fiscalía se comprometió a reflejar de forma específica en sus memorias anuales este tipo de episodios, a fin de que se puedan contabilizar de forma más exacta la cifra de delitos que se cometen contra los médicos, ya que ahora se solapan los listados de los Colegios y el Sescam.

El presidente del Colegio de Guadalajara, Ramón Ochoa Mejías, se trasladó hasta Albacete para asistir a la firma de este convenio.